Resumen:
En diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei dictó el DNU 70/2023. Su artículo 154 derogó la Ley 26.737 (Ley de Tierras Rurales), que limitaba la compra de tierras rurales por extranjeros (máximo 15 % del total, tope por nacionalidad y máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo, entre otras restricciones).
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata presentó un amparo pidiendo que se declare inconstitucional esa derogación. La Cámara Federal de La Plata les dio la razón y frenó la medida.
El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema (Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti) revocó ese fallo. Argumentó que el CECIM no tenía legitimación para promover la acción colectiva y que no existía un “caso o controversia” judicial. La Corte aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del DNU.
Consecuencia: al caer el freno judicial, vuelve a regir la derogación. Los límites de la Ley de Tierras dejan de aplicarse.
Que significa esto:
- Pérdida de control soberano sobre la tierra: se elimina una herramienta del Estado para limitar la cantidad de territorio rural en manos extranjeras, incluyendo zonas de frontera y áreas estratégicas.
- Mayor riesgo de concentración extranjera: fondos de inversión, empresas o incluso Estados extranjeros pueden adquirir grandes extensiones sin los topes anteriores (15 % nacional, límites por nacionalidad y por titular).
- Posible desplazamiento de productores locales: pequeños y medianos productores argentinos pueden enfrentar mayor competencia de capitales extranjeros con mayor poder de compra, lo que podría empujar precios al alza y dificultar el acceso a la tierra.
- Riesgo sobre recursos estratégicos: tierra fértil, acuíferos y zonas productivas clave podrían pasar a control extranjero, lo que genera inquietudes sobre seguridad alimentaria y control del territorio a largo plazo.
- Debilitamiento de la regulación estatal: al quedar derogada la ley por DNU (y sin un nuevo marco legislativo claro), se reduce la capacidad del Estado de condicionar o monitorear estas operaciones.
- Impacto geopolítico y simbólico: para muchos sectores se interpreta como una cesión de soberanía territorial, especialmente sensible en un país con historial de reclamos sobre Malvinas y recursos naturales.
En diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei dictó el DNU 70/2023. Su artículo 154 derogó la Ley 26.737 (Ley de Tierras Rurales), que limitaba la compra de tierras rurales por extranjeros (máximo 15 % del total, tope por nacionalidad y máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo, entre otras restricciones).
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata presentó un amparo pidiendo que se declare inconstitucional esa derogación. La Cámara Federal de La Plata les dio la razón y frenó la medida.
El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema (Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti) revocó ese fallo. Argumentó que el CECIM no tenía legitimación para promover la acción colectiva y que no existía un “caso o controversia” judicial. La Corte aclaró que no se pronunció sobre la constitucionalidad del DNU.
Consecuencia: al caer el freno judicial, vuelve a regir la derogación. Los límites de la Ley de Tierras dejan de aplicarse.
Que significa esto:
- Pérdida de control soberano sobre la tierra: se elimina una herramienta del Estado para limitar la cantidad de territorio rural en manos extranjeras, incluyendo zonas de frontera y áreas estratégicas.
- Mayor riesgo de concentración extranjera: fondos de inversión, empresas o incluso Estados extranjeros pueden adquirir grandes extensiones sin los topes anteriores (15 % nacional, límites por nacionalidad y por titular).
- Posible desplazamiento de productores locales: pequeños y medianos productores argentinos pueden enfrentar mayor competencia de capitales extranjeros con mayor poder de compra, lo que podría empujar precios al alza y dificultar el acceso a la tierra.
- Riesgo sobre recursos estratégicos: tierra fértil, acuíferos y zonas productivas clave podrían pasar a control extranjero, lo que genera inquietudes sobre seguridad alimentaria y control del territorio a largo plazo.
- Debilitamiento de la regulación estatal: al quedar derogada la ley por DNU (y sin un nuevo marco legislativo claro), se reduce la capacidad del Estado de condicionar o monitorear estas operaciones.
- Impacto geopolítico y simbólico: para muchos sectores se interpreta como una cesión de soberanía territorial, especialmente sensible en un país con historial de reclamos sobre Malvinas y recursos naturales.
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